Agencias.- El Instituto Nacional Electoral interpuso una controversia constitucional frente al plan B. Señaló que el recurso es en contra de 200 artículos de la reforma “que vulneran 25 disposiciones constitucionales”.
En la demanda se solicita al máximo tribunal del país que otorgue una suspensión y en tanto se pronuncie sobre el fondo de las controversias, se interrumpa la aplicación de la reforma y por lo tanto, de sus efectos.
De manera particular por lo que hace a la afectación a los derechos fundamentales de quienes integran el INE y a los derechos políticos de la ciudadanía.
“Hace unos minutos, el INE presentó en la SCJN, la segunda Controversia Constitucional en contra del segundo paquete de reformas legales conocido como Plan B. Es la hora de los tribunales. Confiamos en que el orden democrático y constitucional sea restaurado. #YoDefiendoAlINE”, indicó en un mensaje de Twitter el Consejero Presidente, Lorenzo Córdova.
En tanto, Edmundo Jacobo Molina, ex Secretario Ejecutivo, esperará a obtener la suspensión definitiva, dentro de lo juicio de amparo promovido con el propósito de ser reinstalado.
Los artículos transitorios del decreto de reforma previeron que apenas esté fuera publicado en el Diario Oficial de la Federación, el secretario ejecutivo sería cesado.
En los mismos transitorios se previó la designación de un encargado de Despacho de la secretaría ejecutiva, y el titular será nombrado en mayo.
Si bien este jueves, precisamente a una semana de publicada la reforma, un tribunal federal ordenó la restitución de Jacobo Molina, fuentes del organismo dijeron que esperarán hasta el veredicto final de esta suspensión, lo cual podría ocurrir mañana.
En tanto, añadieron, seguirá hoy a cargo del despacho Roberto Cardiel.
En tanto, en un comunicado, el INE puntualizó que la impugnación es en contra del Decreto por el que se reforman la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la expedición de la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 2 de marzo de 2022.
Señaló que mediante este recurso “el Instituto defiende no solo su autonomía sino el Estado democrático establecido en la Norma Suprema, ante el cúmulo de violaciones constitucionales detectadas en aproximadamente 200 artículos de la reforma que vulneran 25 disposiciones constitucionales”.
El recurso se suma a la Controversia Constitucional presentada por el INE el pasado miércoles 1 de febrero, en contra del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2022.
Ejes
La Controversia Constitucional que presentó el INE está articulada en cuatro ejes fundamentales.
En primer lugar, la violación al debido proceso legislativo por parte del Congreso de la Unión.
El Instituto somete a consideración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación diversas violaciones graves al procedimiento legislativo “que, en franco fraude a la ley, impactaron en la calidad democrática de la reforma, pues dio trámite urgente a una iniciativa que por disposición legal no podía ser sometida al mismo, no respetó el principio de publicidad, ni mucho menos el deliberativo que rige al órgano legislativo, impidiendo la participación de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria”.
En segundo término, la vulneración a la autonomía e independencia del Instituto por parte de los poderes Legislativo y Ejecutivo.
El INE demanda la invalidez de gran parte de la reforma, derivado de las violaciones constitucionales que afectan su autonomía, independencia, así como la invasión a su esfera competencial.
En tercer sitio, la vulneración a las condiciones de equidad y de otros principios que deben regir las contiendas electorales, ya que esta reforma contiene cambios que afectan la certeza en los procedimientos que conforman el proceso electoral en sus diversas etapas.
Finalmente, la afectación inconstitucional de los derechos laborales del personal del INE que provoca dicha reforma. En este recurso, se hacen valer una serie de agravios “por el desmantelamiento de la estructura orgánica y la afectación a los derechos laborales de todo el personal del Instituto, así como la eliminación de aproximadamente el 85 por ciento de las plazas del Servicio Profesional Electoral”.
En el boletín el INE dijo que tiene “plena confianza en que con el análisis constitucional que realizará la Suprema Corte de Justicia de la Nación se restaurará el orden constitucional, al determinar la invalidez de la reforma”.
Con información de La Jornada
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