Agencias.- La decisión de expropiar terrenos para obras públicas, sobre todo carreteras, se ha tomado sin que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) disponga de recursos económicos para pagar indemnizaciones.
La dependencia reconoció que “no cuenta con recursos económicos para el pago de remanentes ni para pago de las indemnizaciones derivadas de procedimientos de expropiación, por lo que no es posible concluir el procedimiento de liberación del derecho de vía y no se cuenta con títulos de propiedad de los inmuebles sobre los que se encuentran construidas diversas carreteras federales del país”.
A la fecha, según el Programa Contingente de Liberación del Derecho de Vía para Carreteras Federales 2023, en el país hay 54 proyectos carreteros concluidos y en operación con adeudos correspondientes a la liberación del derecho de vía por 240 millones de pesos y sin certidumbre jurídica, ya que la Federación carece de los títulos de propiedad.
La SICT reconoce que la falta de recursos adicionales para el programa de liberación del derecho de vía provocaría problemas como “no cumplir con el pago de los Decretos Expropiatorios publicados, haciéndose el Ejecutivo federal acreedor a sanciones de diversa índole, y no estar en posibilidades de ejecutar obras, que implicaría subejercicios, problemas contractuales con las empresas contratistas e incumplimiento del programa de construcción y modernización de carreteras del ejercicio presupuestal”.
Asimismo, “vencimiento de los avalúos emitidos por el INDAABIN, por no haberse realizado el pago en el plazo establecido, con la consecuente generación del pago de intereses; o, invasiones al derecho de vía histórico y a la recuperación de los terrenos invadidos actualmente”.
Otro problema serían posibles bloqueos de carreteras, en detrimento de terceras personas.
Entre las carreteras cuyos títulos de propiedad siguen sin ser del gobierno federal, en el Estado de México se encuentran el distribuidor vial en Av. 5 de Mayo y prolongación Salvador Díaz Mirón; carretera Naucalpan-Toluca, tramo Xonacatlán-Boulevard Aeropuerto; distribuidor vial en el cruce Boulevard Aeropuerto y Carretera Federal Toluca Naucalpan; carretera Los Reyes-Zacatepec, tramo San Bernardino-Texcoco; Distribuidor Vial entre Av. De Las Torres y Av. Aeropuerto, y el Viaducto Poniente Bicentenario en Av. Nopaltepec.
Los recursos solicitados para el programa contrastan significativamente con el presupuesto anual asignado a obras como el Tren Maya, que en 2022 contó con 69 mil 942 millones de pesos, lo que significa que con 0.34% de esa asignación para la obra ferroviaria se habría cubierto el adeudo pendiente con propietarios de terrenos por donde pasan las carreteras en cuestión.
La SICT también dispone de una partida presupuestal para el programa anual Liberación del Derecho de Vía, el cual ha mostrado inconsistencias en los montos asignados, de acuerdo con los presupuestos asignados en los Paquetes Económicos.
En 2019, le fueron autorizados 2 mil 77 millones de pesos, luego de que en el último año de gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto contó con mil 572 millones.
Sin embargo, para 2020 la cifra se redujo a 2 mil millones de pesos, un año después subió a 2 mil 69 millones, pero en 2022 tuvo un recorte importante de 32.9%, quedando en mil 556 millones de pesos. Durante el presente año se espera ejercer 2 mil 99.3 millones de pesos.
Recuperado de El Universal.
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