Ciudad de México.- Los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova y Ciro Murayama adelantaron que ese órgano autónomo interpondrá una controversia constitucional en contra de las reformas a la ley electoral y otras que entraron en vigor el pasado 28 de diciembre de 2022.
En entrevista para Aristegui Noticias por la publicación de su libro “La democracia no se toca”, el Presidente del INE, Lorenzo Córdova, y el consejero Murayama la reforma electoral aprobada en el Congreso de la Unión por Morena y sus partidos aliados, Verde y PT, en el Congreso de la Unión, conocido como “Plan B” por legisladores de esos partidos.
“En el INE hemos acordado interponer una controversia constitucional y esperemos que haya otros recursos“, afirmó Murayama.
Uno de estos otros recursos podría ser la facultad del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para desechar leyes electorales contrarias a la Constitución.
“El Tribunal decidirá si la aplicación de lo que dice la ley es constitucional y de esa manera hay una segunda vía para salvaguardar el orden constitucional de los caprichos de una mayoría legislativa que no alcanzó a ser mayoría constitucional”, dijo el consejero del INE.
El consejero también cuestionó las modificaciones a la Ley General de Comunicación Social que aprobaron Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión.
Agregó que las modificaciones a dicha norma implican “una operación política para permitir aquello que la Constitución prohíbe a los gobernantes”.
Los artículos constitucionales que la actual Ley de Comunicación Social violaría son los 134 y 41. El primero de estos estipula que los gobernantes no pueden usar recursos públicos a su cargo para influir en las campañas y procesos políticos.
Por otro lado, el artículo 41 marca que en cuanto arrancan las campañas no puede haber publicidad gubernamental.
Los cambios aprobados por el poder Legislativo restringen la idea de publicidad gubernamental a solamente aquello que los propios entes públicos etiqueten en sus presupuestos como propaganda. Es decir, aunque se usen recursos públicos para anunciar logros del gobierno o promover la imagen de algún gobernante, si quien ostenta el poder no lo cataloga como propaganda en sus egresos, entonces el acto no se considera como tal.
Con información de Aristegui Noticias.
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