Ciudad de México.- El reconocimiento de inconsistencias en la auditoría del monto de cancelación del aeropuerto de Texcoco, por parte de la Auditoría Superior de la Federación, debería dar lugar a un procedimiento administrativo contra el auditor David Colmenares y su equipo, aseguró Muna Dora Buchahin, exdirectora de Auditoría Forense de la dependencia.
Para la exfuncionaria no resulta una sorpresa la rectificación de la ASF en torno a la fiscalización de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, ya que el actual auditor fue nombrado “a modo” en marzo de 2018 por la Cámara de Diputados.
Comentó que la designación de Colmenares al frente de la Auditoría, sucedió luego de que en 2018, el auditor interino, Juan José Pérez Saavedra, se negó a emitir una comunicación “para exonerar” al entonces candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la presidencia, José Antonio Meade, sobre su papel en el caso de llamada ‘Estafa Maestra’ mientras el tiempo que fue titular de las secretarías de Hacienda y Desarrollo Social.
La petición a Pérez Saavedra la hizo un grupo de legisladores de la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados, según Muna Dora Buchahin. “Al negarnos a dar eso, porque dijimos: nosotros no damos indulgencias ni cartas de buena conducta ni nada; no hay nada que hoy lo indicie pero no podemos hacer eso; saliendo de ahí dijeron ‘tenemos que nombrar al auditor de inmediato’, porque el proceso ya se había dejado para que se nombrara hasta septiembre”.
“Al no tener lo que estaban exigiendo de una manera inadecuada, irregular, indigna, fue nombrar a alguien a modo; de la terna que entonces estaba escogieron al más indigno y al que más se acogía a un perfil de sometimiento y de falta de conocimiento”, señaló.
Por lo tanto, en la Auditoría se perdió el rigor técnico que caracterizó a las gestiones de Pérez Saavedra y Juan Manuel Portales, que convirtieron a los informes de aquella etapa en referentes de información y confirmación.
Acusó que con Colmenares llegaron personas vinculadas a partidos políticos “sin ningún otro interés más que percibir un salario y un poder que han sabido ejercer de una manera proclive a la corrupción, por lo que no podríamos tener resultados distintos”.
Recordó que el primer informe emitido por la actual gestión fue sin nombres de empresas ni proveedores, ni incluyeron los mapas que había iniciado el departamento de Auditoría Forense que ella encabezaba.
Criticó que Colmenares no firmara el comunicado difundido la noche del lunes sobre las irregularidades en la auditoría a la cancelación del aeropuerto de Texcoco y que en su lugar lo firmara Agustín Caso Raphael, titular de la Auditoría Especial de Desempeño, a quien calificó como parte del grupo de personas allegadas al auditor y que no cuentan con el perfil, el conocimiento y la ética necesaria.
Muna Dora Buchain dijo que la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados tiene a su cargo a la Unidad de Evaluación y Control (UEC) para realizar la revisión del trabajo de la ASF. No obstante, pese a su presupuesto, la UEC ha sido omisa en las denuncias y controles que se deberían realizar porque la propia Comisión de Vigilancia, a cargo del diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo de Movimiento Ciudadano, “está politizada”.
“La Comisión de Vigilancia tiene la obligación de regular la actuación, de verificar que la actuación del auditor y toda la ASF sea acorde a derecho. Todas las denuncias que se reciben deberían de iniciar una investigación”, dijo, aunque se colocó en la UEC al exauditor de Puebla, David Villanueva Lomelí, “a modo”, de acuerdo con Colmenares y con Movimiento Ciudadano.
Relató que presentó una queja ante la Comisión de Vigilancia sobre su despido de la ASF y las denuncias en su contra, sobre la que ésta “no hizo nada” por intereses políticos. “Hoy van a ser candidatos, mañana compran y venden favores”. Se refirió al entonces legislador Tonatiuh Bravo Padilla, quien coordinó la bancada de Movimiento Ciudadano en San Lázaro y es actualmente es candidato a la presidencia municipal de Guadalajara.
Denunció que desde que llegó David Colmenares a la Auditoría, creó una estructura “para sus cuates” que le ha costado al país “un dineral”, ya que se trata de la única dependencia que elevó su presupuesto pese a la austeridad impulsada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Me han dicho, tengo la evidencia pero no puedo presentarla para no revelar a la fuente, que hasta se mandó hacer ahora un cuarto y demás. Ha hecho gastos fuera de presupuesto, dispendiado el dinero y uno se imagina porque a él y a la Auditoría le siguen dando ese recurso; la Comisión de Vigilancia tiene mucho que ver, porque es la que le autoriza y la que lo somete”.
La UEC tendría que hacer una revisión de la actuación del auditor y su grupo desde su llegada “porque hay actos criminales”. La legislación establece que omitir información, esconder datos y hacer auditorías incorrectas son causa de procedimientos que podrían llegar hasta la destitución de Colmenares. Sin embargo, descartó que los diputados inicien estos procesos, porque tienen otros intereses.
Con información de Aristegui Noticias.
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