Ciudad de México.- El Congreso de la Ciudad de México aprobó un dictamen de reforma al Código Penal local para sancionar con entre dos y seis años de cárcel y una multa a los servidores públicos que de forma indebida difundan información, fotografías o documentos relacionados con algún procedimiento penal.
La llamada ‘Ley Ingrid’ también impone una multa de quinientas a mil Unidades de Medida y Actualización a quien incurra en dichos actos.
Serán sancionados los funcionarios públicos que, de difundan, entreguen, revelen, publiquen, transmitan, expongan, remitan, distribuyan, videograben, audiograben, fotografien, reproduzcan, comercialicen, oferten o intercambien imágenes, audios, videos, información reservada o documentos del lugar de los hechos o del hallazgo e indicios relacionados con algún delito.
La reforma aprobada por el Congreso capitalino precisa que las sanciones previstas aumentarán en una tercera parte si la información se difunde con el fin de menoscabar la dignidad de las víctimas o de sus familiares; se trate de cadáveres de mujeres, niñas o adolescentes, o sea de las circunstancias de su muerte, de las lesiones o del estado de salud de la víctima.
El dictamen señala que “el respeto a la memoria de las víctimas que han sido privadas de la vida es un tema necesario. La vida de una persona que ha sido violentada o su forma de muerte nunca deben ser causa para su revictimización o agravar aún más el daño causado”.
La iniciativa se construyó con propuestas presentadas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y por las diputadas Isabela Rosales (Morena), Gabriela Quiroga (PRD) y Ana Patricia Báez (PAN).
con información de Animal Político.
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