Por: Bernardo Gutiérrez Parra
Por mucho que las autoridades hablen de combatir la
corrupción, lo cierto es que les importa un cacahuate. No hay interés, voluntad
ni ganas de atacar el flagelo. Lo único que hay todos los días son choros
retóricos donde desde el gobernador hasta el último pelagatos de la burocracia
estatal, se llenan la boca con palabras como: En Veracruz se acabó (se está
acabando, estamos luchando como nunca para combatir) la corrupción.
Puro cuento.
El panorama para el Sistema Estatal Anticorrupción en
este 2020 inicia muy complicado, entre otras cosas porque el año anterior les
recortaron el presupuesto en un 50 por ciento y este año le dieron otra
tarascada a ese porcentaje. Es decir, se planea combatir la corrupción y la
impunidad casi casi con la bendición de Dios.
En diciembre el Órgano de Gobierno de la Secretaría
Ejecutiva del Sistema Anticorrupción, solicitó un presupuesto de 32 millones de
pesos. Esa cantidad sería para lo estrictamente necesario, pero sólo les
aprobaron 18 millones con lo que no se podrán echar a andar programas prioritarios
como la Plataforma Digital.
A nivel federal y local la Ley señala que se debe
crear una gran base de datos que aloje las declaraciones patrimoniales y
de evoluciones patrimoniales de todos los servidores públicos; todas las personas
que participan en contrataciones, todos los procesos de licitación, la relación
de los funcionarios sancionados, es decir, es una gran Plataforma que permitirá
tener el pulso del manejo de los recursos. Pero no se podrá llevar a cabo porque
no hay ni para comprar toner a las impresoras.
Aparte, hay cosas dentro de la dependencia que encierran
cierto trasfondo; en el capítulo 3000 que corresponde a servicios generales, se
incluye el pago de la luz, la renta, el teléfono y demás, pero ahí cae el
recurso que se le paga a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana
(CPC). En ese capítulo o no hicieron previsiones, o si las hicieron,
deliberadamente las cortaron para pagar los honorarios del CPC ya que lo que
presupuestaron sólo alcanzará para cubrirles sus percepciones hasta el mes de
abril.
Pero ahora se sabe que la Sefiplan solo ministrará lo
concerniente a renta, luz y otros servicios.
Porque para el Comité de
Participación Ciudadana no se presupuestó nada desde enero. Es decir; los quieren
doblar desde ya.
¿Qué significa esto? Que a partir de mayo el Sistema
Anticorrupción bajará la cortina y sus miembros se irán a su casa.
Si así fue planeado, grave. Si fue un descuido u
omisión de quienes al final del día en Sefiplan revisaron las cuentas de lo que
había en cada entidad, pues mal hecho. Si fue omisión del Secretario Técnico de
la Secretaría Ejecutiva Carlos Quiroz Sánchez; más grave aún.
Y es que este tipo (que tiene desde el año anterior acusaciones
por presunto acoso laboral y sexual) es el que tiene que litigar con las
autoridades correspondientes y presentar toda la información debida, para
dejarles perfectamente en claro que el Comité Ciudadano Anticorrupción tiene
que percibir la dieta que estipula la ley, ya que ninguno de sus integrantes puede
desempeñarse en otro trabajo que no sea ese. La ley les prohíbe tener otros empleos;
todo su tiempo lo tienen que dedicar al Sistema Anticorrupción.
¿Qué va a pasar? Nadie lo sabe. El día 28 va a
convocarse al Órgano de Gobierno a sesionar y el secretario tendrá que poner a
consideración este escenario catastrófico.
Se prevé que se pida una ampliación presupuestal de
cinco o seis millones de pesos para las necesidades más urgentes, pero nadie
apuesta a que les otorguen el recurso.
En palabras más claras, el Sistema Anticorrupción de
Veracruz va directo al despeñadero.
Por donde se le mire esto es muy grave porque el Sistema
Anticorrupción no es una entidad que camine sola; forma parte de un conjunto de
sistemas locales y un sistema nacional que nacieron a la vida institucional a
partir de una reforma a la Constitución de la República, y en esa medida no se
vale que un estado (en este caso Veracruz) diga “no pues esto se acabó, no hay
dinero y cierren las oficinas”.
Pero lo más probable es que eso pase porque, insisto,
al gobierno encabezado por Cuitláhuac García Jiménez le importa pura corneta
combatir la corrupción.
Aún con todas sus broncas y después de un año de trabajo,
los miembros de esa dependencia concluyeron el Documento de la Política Estatal
Anticorrupción, que si me permites lector, es algo así como el Plan Veracruzano
de Combate a la Corrupción y se deriva de tareas, acciones y líneas estratégica
que tendrán que ejecutar las autoridad estatal y las municipales.
El documento ya está aprobado en la Comisión Ejecutiva.
Y una vez aprobado adquiere fuerza de Ley y será obligatorio para todo el
servicio público y para los particulares que se relacionen con la
administración pública.
Esto pone al Sistema Anticorrupción en una ruta de
viaje donde las autoridades tienen que hacer su chamba. Y los ciudadanos
deberán vigilar, acompañar, darle seguimiento y evaluar qué tanto se cumple de
este Programa.
Lo anterior permitirá que quienes integran el Sistema
Anticorrupción hablen directamente con el gobierno para pedirle una suficiencia
presupuestal que les permita cumplir con su trabajo. Y ahí se verá hasta dónde
es congruente el discurso gubernamental del combate a la corrupción y la
impunidad.
Si no autorizan una ampliación presupuestaria, el Sistema
Anticorrupción de Veracruz junto con el Comité de Participación Ciudadana
pasarán a mejor vida a más tardar en mayo. Con la pena pero así será.
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